La Red mujeres para la Justicia considera imprescindible pronunciarse en defensa de la independencia interna y externa de los jueces y juezas destacando que es piedra angular en la bóveda del Estado de Derecho que nuestra Constitución Nacional define y sanciona.
Resaltamos la importancia que tiene la objetivación de la idoneidad en los procesos de selección, a los fines de dar cumplimiento a los estándares internacionales, garantizar el acceso igualitario a los cargos y restringir la discrecionalidad. A su vez la demora en la cobertura de los cargos vacantes afecta el servicio de justicia, restándole calidad y eficiencia y al mismo tiempo, a todas aquellas personas que se han sometido a los concursos y han sido correctamente seleccionadas.
Además, resulta ineludible que los procesos sancionatorios en contra de las y los operadores de justicia sean compatibles con el principio de independencia judicial, la garantía de estabilidad y obedezcan a un control jurídico y no a un control político. Debe respetarse el principio de legalidad, de tal forma que no sean sancionados por la decisiones o criterios jurídicos que han adoptado en el ámbito de sus respectivas competencias y garantizarse el debido proceso, incluyendo el derecho a contar con un recurso judicial efectivo por posibles violaciones que se presenten en dichos procedimientos.
Nuestro país ha sido condenado en diversas ocasiones por destituciones arbitrarias y recientemente -24/8/24- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado a la Corte el caso Dr. Moliné O’Connor -ex Ministro de la CSJN- y en su Informe de Admisibilidad y Fondo Nro. 30/23 advirtió que en el proceso de destitución se habrían violado los principios de independencia judicial y legalidad y los derechos a contar con una autoridad imparcial, una motivación adecuada, al plazo razonable, a la protección y revisión judicial.
Los magistrados/as han sido nombradas/os conforme los procedimientos y las normas previstas para ello, con un alto grado de consenso en las instituciones que intervienen en su designación. Deslegitimar al Poder Judicial, no sus resoluciones sino su composición, a la que todas las instituciones democráticas han contribuido, es una irresponsabilidad inaceptable.
Las imputaciones que arbitraria e intencionadamente se dirigen a magistradas/os no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto de sus instituciones y del Estado de Derecho que la ampara
Una crítica, sin fundamento en hechos objetivos, que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial a la forma republicana y democrática de gobierno.
Defender las instituciones es una responsabilidad colectiva que nadie debe abandonar. El interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos.
Por ello, exhortamos a las autoridades de los tres poderes del Estado, en el orden federal y provincial, en especial a las de la provincia de Santa Fe, a cumplir la Constitución y mostrar moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues los magistrados/as son los garantes leales de los derechos fundamentales de la ciudadanía.