Desde la Red Mujeres para la Justicia expresamos nuestra profunda preocupación ante las amenazas de promover un juicio político contra la jueza Dra. Laura De Marinis a raíz del contenido de una decisión adoptada en ejercicio de su función jurisdiccional, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la nueva Ley Penal Juvenil (N°27.801). El ejercicio de la magistratura exige independencia y condiciones que permitan resolver conforme a la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales vigentes, sin presiones externas.
Los jueces y juezas no pueden ser perseguidos o removidos por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial protege a quienes ejercen la magistratura frente a interferencias indebidas y ha distinguido claramente entre los mecanismos destinados a revisar la corrección de una sentencia -como los recursos de apelación, casación o revisión- y los procedimientos disciplinarios, que tienen por objeto examinar la conducta, idoneidad y desempeño del juez/a.
La independencia judicial es una garantía de la ciudadanía y un presupuesto esencial del Estado de Derecho. Defenderla implica preservar la libertad con la que juezas y jueces deben interpretar y aplicar el derecho, así como respetar los mecanismos institucionales previstos para revisar sus decisiones. Desde la Red Mujeres para la Justicia reafirmamos nuestro compromiso con una Justicia independiente, igualitaria y libre de intimidaciones.