Quienes integramos la asociación civil Red Mujeres para la Justicia expresamos nuestra preocupación por el incremento de espacios dedicados a la divulgación del falso síndrome de alienación parental (SAP), tratándose de una teoría contraria al ejercicio de los derechos fundamentales.
Recordamos que los dos principales organismos internacionales de derechos humanos a nivel global y regional (ONU y OEA) han emitido un comunicado conjunto el día el 12 de agosto de 2022, expresando sus argumentos
en contra de este falso síndrome. En su texto, el MESECVI -Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará- y la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas advierten sobre el uso ilegítimo de la figura del SAP.
En la misma línea argumentativa y con la finalidad de erradicar su aplicación, España ha plasmado expresamente en su ley Orgánica 8/2021 que está prohibido su uso por parte de operadores del sistema judicial.
Por su parte, desde hace años que en nuestro país diversas organizaciones de derechos humanos y entidades nacionales dedicadas a la protección de los derechos de niños/as y adolescentes (CASACIDN, SENAF, Defensoría de los Derechos del Niño) han reiterado su postura en contra del SAP y han reclamado a los órganos judiciales que desistan de su aplicación por tratarse de una figura violatoria de derechos.
Los debates que hoy vuelven a escucharse, estuvieron instalados en la comunidad jurídica hace aproximadamente dos décadas y, luego de intensos estudios e investigaciones, quedó en evidencia que estaba sostenido en
argumentos falaces y que se trataba de una invención teórica que tenía por finalidad amparar a sujetos que habían cometido actos de abuso sexual contra niños/as y adolescentes. Dentro de este grupo de personas que se beneficiaban con la aplicación de esta falsa teoría estaba su propio inventor, el psiquiatra Richard Gardner.
Ante todo ello, es claro que la difusión y promoción de un inexistente síndrome contrario a las obligaciones constitucionales y convencionales que obligan a nuestro Estado, además de alimentar los fundamentos para menoscabar los derechos de las víctimas directas e indirectas de estos delitos, compromete internacionalmente la responsabilidad de nuestro país, razón por la cual no podemos avalar su difusión.
Reiteramos nuestro compromiso con el ejercicio de los derechos humanos y, particularmente en este tema, los derechos de las mujeres madres y de sus hijas e hijos víctimas de delitos aberrantes, que en la gran mayoría de los casos ocurren dentro del ámbito familiar.
Rosario, 24 de octubre de 2022